Tan lejos de Dinamarca y tan cerca de Andrea Chávez. Cuando se le llama caridad al robo

Plasmado quedó en el Diario de Debates de 2007 el momento en el que la coalición lopezobradorista festejaba un avance democrático. Se prohibía, nada menos que en la Constitución, el uso de los cargos públicos para favorecer ambiciones políticas.

“Es una condena a una práctica que mucho afecta no sólo a los partidos, sino a la competencia política y a los procesos electorales”, pregonaba el entonces senador Pablo Gómez, cuando su partido era opositor.

Hoy el texto constitucional, de manera categórica, prohíbe el uso de recursos públicos para ser utilizado como catapulta de aspiraciones y ambiciones políticas.

Nuestro máximo ordenamiento señala con toda claridad que, en ningún caso la propaganda puede incluir nombres, imágenes o símbolos que impliquen una promoción personal de los servidores públicos.

Ese fue un logro que obtuvo el movimiento al que pertenece la senadora Andrea Chávez.

Pero resulta que la senadora ha sido exhibida, porque desde hace meses se ha dedicado a hacer una campaña anticipada en su ciudad natal, donde quiere ser gobernadora. Esta campaña se ha hecho a través de un descarado uso de su función como servidora pública para promoverse y conseguir recursos económicos de dudosa procedencia.

Ella se ha defendido de las acusaciones, pero sus declaraciones la hunden más.

Tal parece que, para ella, tapizar las calles y avenidas de Chihuahua con enormes espectaculares con su imagen y nombre, solo es un generoso trabajo de decoración.

Sin embargo, lo más grave está en que la senadora ha llevado a varias zonas de Chihuahua supuestos servicios de salud en costosísimas unidades móviles en las que, obviamente, destaca su nombre, fotografía y el cargo público que ostenta; justamente lo que prohíbe la Constitución, por lo que luchó su “movimiento”.

Desastrosas son sus declaraciones en un fracasado intento de justiciar que se ha dedicado a capitalizar las carencias del servicio de salud que su propio partido ha provocado.

Las estadísticas dejan muy claro lo que día a día millones de mexicanos viven en las clínicas y hospitales públicos: no hay medicinas, no hay cirugías, no hay citas; la espera de quienes necesitan un tratamiento para luchar por su vida es trágica.

López Obrador prometió un sistema de salud mejor que el de Dinamarca y, en cambio, entregó un país que pasó de 20.1 millones de mexicanos sin servicios de salud a 50 millones de mexicanos que carecen de estos servicios. Estadística confirmada por sus “propios datos”.

El panorama no es alentador. Este año iniciamos con un recorte presupuestal al sector salud que supera el 11%.

El sistema de salud nunca estuvo peor que en los años gobernados por morena.

No nos acercó a Dinamarca, pero sí a Venezuela y a Andrea Chávez.

A pesar de eso, hay quienes aplican el lema de “ver el lado positivo a las cosas” y usan esa tragedia como una jugosa ventaja.

Ahí es donde aparece en escena la senadora Chávez, quien, en lugar de emprender acciones para trabajar en revertir el daño al servicio de salud pública, decidió llevar a algunos mexicanos, en forma de caridad, lo que primero les robó.

¿De dónde salieron los millones que ha gastado en promover su imagen a través de las unidades móviles de salud? ¿A cambio de qué ha sido?

Mientras tanto, la senadora Chávez sigue promoviendo su imagen y usando el cargo público para favorecer su aspiración política en el estado de Chihuahua; esto, desde luego, tendría que ser investigado también el ámbito electoral, por el INE y el Tribunal Electoral (TEPJF).

Sin embargo, ella sabe muy bien que puede actuar en la total impunidad, con un INE a modo y un tribunal cooptado.

Después de todo, conoce bien el camino, pues de ahí viene: campañas anticipadas, uso de recursos públicos, y, finalmente, entregar al pueblo una limosna de lo que ellos mismos le arrebataron.

Así acostumbran a comprar elecciones y la voluntad de los más necesitados.